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Ratifican acciones penales contra dirigentes de padres de familia por privación de libertad y destrucción de bienes del Estado

Dos años de gestión

PRENSA GAMEA | Lun 13.06.22

El director General de Asesoría Legal de la Alcaldía de El Alto, Isaac Mauricio Navarro, ratificó este lunes el inicio de dos acciones penales ante el Ministerio Público por los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y privación de libertad, tipificados en el Código Penal, contra dirigentes de padres de familia quienes cercaron y obstaculizaron la salida de servidores públicos, además de ocasionar destrozos en la Casa Municipal la semana pasada.

“La acción de carácter constitucional por su naturaleza sumaria se ha resuelto ese mismo día viernes, en ese sentido la jueza cuarta de partido de sentencia penal de la ciudad de El Alto nos ha dado la razón, nos ha concedido la tutela y ha determinado que el accionar de estos dirigentes de cercar a las instalaciones del Gobierno Municipal eran actos completamente reñidos con el orden constitucional”, señaló Mauricio.

Sostuvo que la jueza determinó que los actos ocurridos el jueves pasado fueron ilegales y ha instado a los dirigentes de padres de familia evitar conductas agresivas que atentan contra la vida de las personas y ocasionan destrozos a los bienes del Estado.

“El derecho a la protesta, que uno salga a marchar a las calles es un acto constitucionalizado, pero con eso no tengo derecho de afectar el derecho de los demás, en este caso un derecho tan elemental como es el derecho a la libertad de las personas y porque no decir el derecho a la vida porque ahí estaban privados mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad”, declaró.

Finalizó señalando que si los padres de familia vuelven a cercar y atentar contra la vida de los servidores públicos sería un delito fraganti e incumplimiento a las resoluciones de acciones de defensa, “si fuera ese el caso, la Dirección General de Asesoría Legal va ir hasta las últimas consecuencias siempre en el marco de la Ley, eso es una orden de la juez, una autoridad jurisdiccional que determina que ese tipo de actos es completamente ilegal”.