La Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa Murga, promulgó la Ley del Dióxido de Cloro y la Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del nivel central del Estado y de Entidades Autónomas, conforme al inciso 10 del art. 163 de la Constitución Política.
La Ley que Regula de Forma Excepcional la Elaboración, Comercialización, Suministro, Administración y Uso Consentido de la Solución de Dióxido de Cloro (SDC) de Manera Preventiva y Como Tratamiento Para Pacientes Diagnosticados con Coronavirus (COVID-19), fue sancionada el 5 de agosto de la presente gestión tras subsanar observaciones de la Cámara de Diputados.
La norma establece que los profesionales médicos podrán administrar la Solución de Dióxido de Cloro bajo consentimiento informado del paciente o un familiar, en conformidad a los protocolos estipulados.
Respecto a la comercialización del producto alternativo estará a cargo de laboratorios y universidades al gobierno nacional, gobiernos subnacionales, farmacias y clínicas legalmente establecidas, mientras que la población podrá adquirir el dióxido de cloro de las farmacias y sin la necesidad de receta médica.
Por otra parte, la Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional del Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes y Máximas Autoridades Salientes, además de asambleístas plurinacionales, departamentales y concejales por el espacio de tres meses una vez que dejen el cargo, fue sancionada el 26 de agosto y al igual que la norma anterior fue remitida por el ejecutivo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pese a no tener la legitimación activa.
La norma se aplica al presidente, vicepresidente, y máximas autoridades ejecutivas de los tres niveles del Estado, además de instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales que hubiesen cesado en su mandato o fueron destituidos, “para dar continuidad a la gestión de gobierno y evitar la impunidad ante un posible acto de corrupción”.
La Contraloría General del Estado será la encargada de remitir a la dirección de Migración, el listado de las autoridades señaladas en la presente ley para su efectivo cumplimiento.
Ambas normas fueron promulgadas por la presidenta de la ALP en el hemiciclo al finalizar la sesión de este miércoles, ante la vista de los legisladores que asistieron a los actos de interpelación de ministros y otro grupo que seguía la sesión de manera virtual.
Fuente: Prensa Senado 14/10/2020