PRENSA GAMEA | Jue 08.07.21
En el ampliado general del Distrito 5 de la ciudad de El Alto, la alcaldesa Eva Copa ratificó la lucha contra la corrupción al interior del Gobierno Autónomo Municipal y anticipó que se iniciarán los procesos correspondientes a exfuncionarios que “engañaron al pueblo alteño” y mal utilizaron los recursos públicos.
“Cada día que reviso administrativamente estos procesos, me asusto más porque no sé si esa gente seguirá en el país o pienso que ya debió escapar porque hay una malversación de fondos terribles (…) cuando queremos sacar a estos (funcionarios) administrativos corruptos y mentirosos, me traen avales, ¿Les parece correcto?, esa gente nos hizo este hueco financiero y esa gente tiene que ir presa porque se llevó los recursos”, dijo la autoridad.
Puso de ejemplo que un funcionario administrativo puso dos proyectos con un mismo código, otro que aseguró a los dirigentes vecinales que los presupuestos zonales están acumulados, “hay zonas que acumularon sus recursos por toda la gestión de la señora (Soledad Chapetón), los seis años, ¿Se imaginan cuánta plata es? y ahora me lo quieren pedir a mí”, cuestionó.
Lamentó que sea la misma dirigencia vecinal la que avala o respalda a este tipo de funcionarios bajo el argumento de que “ya tienen experiencia” y deben continuar en sus puestos laborales, situación que no es correcta para la autoridad.
Solamente para acabar la gestión 2021 y las deudas que dejó la anterior administración, el gobierno municipal requiere de 275 millones de bolivianos, por lo que se determinó reducir los gastos de funcionamiento, entre reducción de personal, gastos de fortalecimiento, sin tener que afectar los recursos zonales.
A pesar de estas dificultades, Eva Copa garantizó que los proyectos inscritos por los dirigentes en el Plan Operativo Anual de la Comuna serán ejecutados y dijo que la gestión 2022 se tendrá una programación y distribución real de los recursos públicos.
No descartó el inicio de procesos legales a los exfuncionarios ediles por el daño ocasionado a la ciudad y también del personal administrativo que continúa en funciones y que pretenden seguir con esas prácticas ajenas a lo que señala la normativa.