PRENSA GAMEA | Vie 14.10.22
El Juzgado Tercero Anticorrupción de El Alto ordenó este viernes la detención preventiva de la exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón por un mes en el penal de Obrajes. Está investigada por conducta antieconómica y malversación de recursos económicos, debido a que supuestamente utilizó dinero del Sistema Único de Salud (SUS) para pagar salarios durante la pandemia.
El daño económico es de aproximadamente 140 millones de bolivianos, la pesquisa continúa. “Nosotros vamos a interponer una apelación incidental porque consideramos que la medida adoptada por la autoridad jurisdiccional es mínima, no nos convence de un mes, debió ser de seis meses de detención preventiva”, informó el director general de Asesoría Legal de la Alcaldía de El Alto, Isaac Mauricio, tras la conclusión de la audiencia de medidas cautelares.
Sostuvo que con la imputación formal se abre la etapa preparatoria, donde el Ministerio Público investigará todos los “aspectos técnicos y formales de cómo se cometió el delito e identificar a los posibles responsables y cómplices de los delitos”. “Vamos a colaborar con la investigación”, agregó el jurista de la comuna alteña.
“Hizo mal uso de los recursos destinados al SUS, en plena pandemia, los recursos económicos destinados al área de salud fueron mal utilizados, debieron ser utilizados exclusivamente al área de salud, compra de medicamentos, contratar personal de salud o infraestructura, pero estos recursos fueron destinados para pagar salarios y proyectos de inversión”, explicó Mauricio.
El servidor público sostuvo que el juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer N°3, René Eduardo Foronda, determinó la detención preventiva “porque valoró la gravedad de los hechos”, además de encontrar riesgos procesales.
Chapetón está procesada por otros dos casos. Uno, por pagar a una empresa que no concluyó el tramo cuatro de la construcción del drenaje pluvial de la avenida Juan Pablo II, carretera La Paz – Copacabana, durante su gestión.
Y actualmente está con detención domiciliaria, arraigo y pago de una fianza de 14 mil bolivianos por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso del Plan Operativo Anual (POA).